Las abogadas y abogados de Defiendo les asesorarán en cualquier conflicto derivado del funcionamiento de la Administración Pública y que les produzca, como administrados, un daño en su patrimonio. Defendemos sus derechos.

La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es la obligación que tiene el Estado español de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de alguna de sus administraciones. Esta responsabilidad patrimonial presupone la existencia de un daño que ha afectado al patrimonio de un sujeto y la existencia de un derecho o interés protegido.

Los supuestos de responsabilidad patrimonial de la Administración son los siguientes:

  1. Por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, artículo 106 Constitución Española “los administrados tendrán derecho a ser indemnizados”. El daño se origina por el funcionamiento de un servicio público gestionado por la administración.
  2. Por actos legislativos.
  3. Por actuaciones judiciales, artículo 121 CE: error judicial, prisión preventiva, funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Estos supuestos se caracterizan porque el sujeto causante sólo puede ser el poder ejecutivo (El Gobierno de España, los gobiernos autonómicos, las Diputaciones o los Ayuntamientos), legislativo (Congreso, Senado, Asambleas autonómicas, Asambleas de Diputaciones o Ayuntamientos) o judicial (desde el Juzgado de Paz del pueblo más pequeño hasta el tribunal Supremo de España), y el sujeto pasivo siempre es el administrado, es decir, el ciudadano.

Para que exista responsabilidad administrativa, sólo hace falta una actividad administrativa -por acción u omisión-, un resultado dañoso y una relación de causa y efecto entre aquella y éste, incumbiendo la prueba a quién reclama. Cubre daños físicos y morales, perjuicios derivados de actuaciones ilícitas de la Administración y también perjuicios derivados de actuaciones lícitas. En otras palabras: la Administración debe responder por todos los perjuicios que cause al administrado, siempre que no deban de ser asumidos por éste.

Ejemplos: Cuando sufrimos un accidente en la vía pública por encontrarse ésta en mal estado y no siendo avisados del mismo por el Ayuntamiento correspondiente, actuaciones de funcionarios ilícitas que perjudican al ciudadano, normas que regulen un mercado que perjudiquen a empresas o particulares que ya actuaban en ese sector y que se ven perjudicados por la nueva norma.

Defiendo Abogados es su despacho de confianza situado en la madrileña Glorieta de Marqués de Vadillo nº 6, en el distrito de Carabanchel y en el centro de Madrid Río. Defenderemos sus intereses con cercanía por muy lejos que esté usted, ya que prestamos nuestros servicios jurídicos en todo el territorio nacional.

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